La POP pide en la Comisión de Sanidad del Senado una salida urgente, transparente y dialogada que ponga fin a la huelga médica

• Reclama al Ministerio, Consejerías y Comité de Huelga que consigan acuerdos que ayuden a frenar esta crisis

• Carina Escobar recuerda que los pacientes tienen derecho el derecho de denunciar aquello que les afecta

La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, ha comparecido este jueves en el Senado para trasladar el impacto que está teniendo la actual huelga médica en las personas con necesidades crónicas de salud.

Durante su intervención, ha pedido “responsabilidad” al Ministerio de Sanidad, a las consejerías de las comunidades autónomas y al Comité de Huelga para poner fin a los paros en la profesión porque “hacen daño a los pacientes” con citas medidas anuladas, pruebas e intervenciones que se retrasan y falta de diagnósticos a tiempo.

Escobar ha defendido una posición constructiva, basada en el respeto a las reivindicaciones de los médicos y al conjunto de agentes implicados, pero ha advertido de que el impacto asistencial sobre los pacientes no puede quedar fuera del debate. “La salida de este conflicto debe ser urgente, transparente y dialogada”.

En nombre de la POP, ha subrayado que la huelga no se produce en un sistema con márgenes amplios, sino en un Sistema Nacional de Salud ya tensionado por las listas de espera, a sobrecarga asistencial, los problemas de coordinación y las desigualdades territoriales. “Este conflicto alargado en el tiempo afecta, sobre todo, a los pacientes. Las cifras son preocupantes”.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a diciembre de 2025, 853.509 pacientes se encontraban en lista de espera quirúrgica, con una espera media de 121 días y un 21,6% esperando más de seis meses. En consultas externas, la espera media se situaba en 102 días, con aproximadamente 4,07 millones de personas esperando una primera consulta especializada.

“La lista de espera no es solo un indicador de gestión: es tiempo de vida, dolor, incertidumbre, riesgo clínico y coste familiar. No es igual retrasar una revisión rutinaria que una prueba diagnóstica, una cirugía, una consulta oncológica o el seguimiento de una enfermedad autoinmune, respiratoria, renal, neurológica o cardiovascular”, ha subrayado Escobar.

Además, ha recordado que las personas con cronicidad “son especialmente vulnerables ante la interrupción de la actividad programada, ya que la continuidad asistencial forma parte del propio tratamiento” y “una consulta aplazada puede ser la cita que permite ajustar una medicación, detectar una complicación, evitar una descompensación o prevenir una urgencia”.

Escobar ha alertado, más allá del impacto asistencial, sobre otros daños menos visibles como la angustia de no saber si una cita se mantiene, la incertidumbre ante una reprogramación sin fecha cierta, los desplazamientos inútiles, los permisos laborales perdidos, la sobrecarga de cuidados y el mayor impacto en personas con discapacidad, dependencia, menor apoyo familiar o menos recursos.

En este sentido, la POP ha reclamado que las administraciones sanitarias garanticen información clara, anticipada y accesible a los pacientes afectados. La organización considera imprescindible que cada persona sepa si su cita se mantiene, cuándo será reprogramada si ha sido suspendida y qué circuito debe seguir si su situación clínica empeora.

La Plataforma también ha pedido un seguimiento público, homogéneo y comparable del impacto de la huelga. A su juicio, no basta con conocer los días de paro o los porcentajes de seguimiento, sino que debe medirse la actividad suspendida, la actividad reprogramada, la actividad recuperada, los plazos reales de recuperación y los criterios clínicos y sociales de priorización.

Los datos publicados por distintas comunidades autónomas muestran impactos relevantes en consultas, pruebas, intervenciones y actividad programada, pero también evidencian la falta de un sistema común de información. Para la organización, esta ausencia de seguimiento homogéneo es en sí misma un problema de transparencia, equidad y confianza.

Por todo ello, Escobar ha planteado en su comparecencia parlamentaria seis medidas urgentes: una negociación útil y transparente con voluntad real de acuerdo; la protección de procesos sensibles como diagnósticos, tratamientos, seguimientos inaplazables y pacientes frágiles; información clara al paciente; un plan de recuperación de actividad con fechas, recursos y rendición de cuentas; criterios de priorización basados en riesgo clínico, vulnerabilidad social, discapacidad, dependencia y territorio; y la participación de las organizaciones de pacientes en el seguimiento del impacto asistencial.

También ha defendido que las asociaciones de pacientes pueden contribuir a detectar necesidades, orientar mensajes, identificar situaciones de vulnerabilidad y mejorar la confianza ciudadana. “No pedimos sustituir a ningún interlocutor laboral ni intervenir en una negociación sindical; pedimos que la voz de los pacientes esté presente cuando el conflicto tiene consecuencias directas sobre nuestra salud”, ha afirmado.

“Los pacientes no solo somos la parte afectada: somos la razón de ser del sistema sanitario”, ha defendido Escobar, que ha pedido responsabilidad, transparencia y voluntad real de acuerdo para evitar que el conflicto siga trasladando costes sanitarios, emocionales y familiares a quienes ya se encuentran en una situación de fragilidad.

Porque cada día sin acuerdo es una oportunidad perdida para la salud de todos, como viene afirmando la POP desde hace meses junto a su plena disposición para contribuir, desde una posición constructiva, a cualquier espacio que permita proteger mejor a los pacientes, recuperar la actividad suspendida y reforzar la confianza en el Sistema Nacional de Salud.